El año 2026 comenzó con un giro dramático en la geopolítica latinoamericana. En enero, Estados Unidos lanzó una operación militar contra Venezuela, un acto que sacudió los cimientos de la región. Las fuerzas estadounidenses no solo irrumpieron en territorio venezolano, sino que también secuestraron al presidente del país y a su esposa, un hecho sin precedentes en la historia reciente. Este episodio, marcado por la violencia y la falta de transparencia, encendió las alarmas en todo el continente, donde muchos lo interpretaron como una escalada peligrosa en la estrategia de Washington para imponer su influencia en la zona.
Pero los ataques no comenzaron en 2026. Desde agosto del año anterior, el ejército de Estados Unidos había intensificado sus operaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, justificándolas como parte de su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, los resultados de estas acciones han sido cuestionados. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, más de 130 personas perdieron la vida en estos operativos, sin que se presentaran pruebas públicas que demostraran su vinculación con actividades ilícitas. Tampoco hubo procesos judiciales que garantizaran un mínimo de transparencia o respeto a los derechos humanos. Las víctimas, en su mayoría, quedaron en el anonimato, y sus casos fueron archivados sin mayor explicación.
Este escenario ha generado una profunda división en la izquierda global. Aunque existe un consenso sobre la necesidad de enfrentar el fascismo y las agresiones imperialistas, las diferencias ideológicas y estratégicas han dificultado la construcción de una respuesta unificada. Sectores progresistas, movimientos sociales y gobiernos afines reconocen la urgencia de actuar, pero las divergencias en torno a métodos, alianzas y prioridades han frenado la articulación de un frente común. La fragmentación, advierten algunos analistas, solo beneficia a quienes promueven estas políticas de fuerza, que avanzan sin contrapesos efectivos.
En este contexto, la conferencia de Porto Alegre emerge como un intento por revertir esta tendencia. El encuentro, que reúne a líderes, intelectuales y activistas de diversas corrientes, busca sentar las bases de una coalición global capaz de contrarrestar el avance de lo que muchos consideran una amenaza creciente: un imperialismo cada vez más agresivo y un fascismo que gana terreno en distintas latitudes. La tarea no es sencilla. Requerirá superar desconfianzas históricas, priorizar objetivos comunes y, sobre todo, construir una narrativa que trascienda las fronteras nacionales.
Lo que está en juego, señalan los participantes, es nada menos que la soberanía de los pueblos y la supervivencia de las democracias. Las intervenciones militares, las sanciones económicas y las campañas de desestabilización no son fenómenos aislados, sino parte de una estrategia más amplia para reconfigurar el orden mundial. Ante esto, la izquierda internacional enfrenta un dilema: o logra articular una respuesta contundente y coordinada, o asiste, impotente, a la consolidación de un sistema cada vez más autoritario y desigual. Porto Alegre podría ser el primer paso en esa dirección, pero el camino por recorrer es largo y lleno de obstáculos.
