El secretario de Vivienda de la Ciudad de México reafirmó que la responsabilidad de supervisar y verificar demoliciones y construcciones recae directamente en las alcaldías, independientemente de si existen o no acuerdos de facilidades administrativas. Durante una conferencia de prensa, el funcionario destacó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó documentación relacionada con la demolición del edificio ubicado en San Antonio Abad 124, pero estos documentos, según su análisis, contienen “inconsistencias” significativas.
Entre los hallazgos más relevantes, el secretario señaló que los oficios entregados por la alcaldía carecen de fechas claras y, en algunos casos, de firmas que validen su autenticidad. Lo más preocupante, añadió, es que en ninguno de los documentos se niega explícitamente la licencia o autorización para la demolición del inmueble, el cual colapsó el pasado 9 de marzo, dejando un saldo de víctimas que aún conmociona a la ciudad.
Aunque el funcionario evitó acusar directamente a la alcaldía de manipular la información, no ocultó su extrañeza ante las irregularidades detectadas. “Llama la atención las inconsistencias”, admitió, subrayando que su dependencia no busca eludir responsabilidades ni trasladar culpas. “De nuestro lado no hay ningún ejercicio de echarse la bolita”, enfatizó, asegurando que los procesos administrativos para obras de reconstrucción se han manejado siempre dentro del marco legal.
En ese contexto, el secretario expresó su confianza en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia local, así como en los trabajos de la Contraloría General. Aseguró que la Secretaría de Vivienda estará atenta a cualquier requerimiento de estas instituciones y colaborará plenamente para esclarecer los hechos. “Estamos a la espera de lo que determinen las autoridades competentes”, declaró, dejando en claro que el objetivo es garantizar transparencia y justicia en un caso que ha generado indignación y demandas de respuestas por parte de la sociedad.
El colapso del edificio en San Antonio Abad ha reavivado el debate sobre la supervisión de obras en la capital, especialmente en zonas con alta densidad poblacional y construcciones antiguas. Mientras las autoridades continúan con las pesquisas, los vecinos y familiares de las víctimas exigen no solo respuestas, sino también medidas concretas para evitar que tragedias como esta se repitan. La presión ciudadana y la atención mediática mantienen el caso en el centro de la discusión pública, donde la rendición de cuentas se ha convertido en una demanda urgente.

