El pasado 9 de agosto de 2023, el nombre de Carlos Angulo Aguilar, alias *Lobo Menor*, quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los responsables materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, más de un año antes, el sistema judicial ya le había abierto las puertas a una libertad que terminaría facilitando su participación en el crimen. En enero de 2022, el juez Víctor Darío Barahona, encargado de garantías penitenciarias en Latacunga, le otorgó a Aguilar un régimen de prelibertad bajo condiciones que, en teoría, debían asegurar su reinserción social y evitar nuevos delitos. Pero la realidad demostró que el mecanismo falló de manera estrepitosa.
Según las reglas impuestas, Aguilar debía presentarse semanalmente ante las autoridades, demostrar que tenía un empleo o estudiaba, permanecer en su domicilio registrado y abstenerse de consumir alcohol o drogas. Para agilizar el proceso, el juez autorizó que los controles se realizaran de manera virtual, bajo la supervisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). En papel, el sistema parecía funcional; en la práctica, se convirtió en un coladero. Un informe policial fechado en enero de 2026 —tres años después de la concesión de la prelibertad— reveló que los seguimientos fueron, en el mejor de los casos, una farsa.
Desde 2024, Aguilar habría enviado las mismas fotografías en distintos meses para simular su asistencia a los controles. Las imágenes, además, eran de mala calidad: en algunas aparecía con el rostro cubierto, en otras con ángulos que impedían identificar sus rasgos. En más de una ocasión, las autoridades intentaron verificar su paradero, pero los resultados fueron contundentes: el domicilio registrado en Quito no era su residencia real. A pesar de las evidentes irregularidades, el sistema no actuó con la celeridad necesaria para corregir el rumbo.
La prelibertad, concebida como una herramienta para reintegrar a los reos a la sociedad bajo supervisión, se transformó en un salvoconducto para la impunidad. Aguilar, lejos de cumplir con las condiciones impuestas, aprovechó los vacíos en el control para moverse con libertad, cruzar fronteras y, finalmente, participar en uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente del país. El caso expone no solo las fallas en la vigilancia de los beneficiarios de este régimen, sino también la urgencia de reformar un sistema que, en lugar de prevenir delitos, terminó facilitándolos.
Lo ocurrido con *Lobo Menor* deja preguntas incómodas: ¿Cuántos más como él han burlado los controles? ¿Hasta qué punto la supervisión virtual, sin verificaciones presenciales rigurosas, es suficiente para garantizar que un exrecluso no reincida? Mientras las autoridades revisan los protocolos, la sombra de este caso sigue extendiéndose, recordando que la justicia, cuando falla, no solo libera a un individuo, sino que pone en riesgo a toda una sociedad.
