El gobierno de Estados Unidos endureció este miércoles sus requisitos migratorios al incluir a 12 nuevos países en un polémico programa que obliga a sus ciudadanos a depositar fianzas millonarias para solicitar visas. Con esta medida, suman ya 50 las naciones cuyos nacionales deberán cumplir con este requisito a partir del 2 de abril, una política diseñada para frenar la permanencia irregular en el país.
Según las autoridades estadounidenses, los solicitantes de visa provenientes de estos países —la mayoría ubicados en África— tendrán que pagar fianzas que oscilan entre los 5 mil y los 15 mil dólares, dependiendo de su situación particular y del criterio del funcionario consular que revise su caso. El Departamento de Estado justificó la decisión argumentando que el programa ha sido “altamente efectivo” para reducir el número de personas que, tras ingresar legalmente al país, deciden quedarse más allá del plazo autorizado.
Aunque no se revelaron cifras exactas, las autoridades aseguraron que la medida ha logrado disminuir en casi un 97% los casos de sobreestadía en visas, un problema que, según datos oficiales, afecta principalmente a ciudadanos de naciones con altos índices de migración irregular. La lista completa de países sujetos a esta exigencia incluye, entre otros, a Argelia, Angola, Bangladesh, Cuba, Etiopía y Georgia, cuyas fechas de entrada en vigor varían entre octubre de este año y abril de 2026.
El programa, que ha generado controversia desde su implementación, busca disuadir a quienes planean permanecer en Estados Unidos de manera ilegal, pero también ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y defensores de la migración. Estos sectores argumentan que la medida no solo dificulta el acceso a visas para personas con recursos limitados, sino que además estigmatiza a los solicitantes al asumir que todos representan un riesgo de incumplimiento.
Para muchos ciudadanos de los países afectados, el requisito de la fianza se suma a otros obstáculos ya existentes, como los altos costos de los trámites consulares y los largos tiempos de espera para obtener una cita. En el caso de las visas de turista, por ejemplo, el pago de la fianza podría duplicar o incluso triplicar el gasto total del proceso, lo que, según analistas, podría desincentivar los viajes legales y afectar sectores como el turismo y los negocios.
La medida también ha reavivado el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos, especialmente en un contexto de creciente polarización. Mientras algunos sectores celebran cualquier acción que busque “proteger las fronteras”, otros advierten que estas restricciones no abordan las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades en los países de origen.
Entre los países incluidos en la lista, algunos, como Cuba, ya enfrentaban dificultades adicionales para obtener visas debido a las tensiones políticas entre ambos gobiernos. Otros, como Bangladesh o Etiopía, son naciones con grandes poblaciones y altos índices de migración hacia Estados Unidos, lo que explica su inclusión en el programa. En el caso de Georgia, su presencia en la lista resulta llamativa, dado que es uno de los pocos países europeos afectados, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar a las naciones.
Aunque el Departamento de Estado no ha detallado cómo se determinó la inclusión de cada país, fuentes cercanas al proceso señalaron que se tomaron en cuenta factores como las tasas históricas de sobreestadía, la capacidad de los gobiernos para emitir documentos seguros y la cooperación en materia migratoria. Sin embargo, la falta de transparencia en estos criterios ha alimentado sospechas de que la medida podría responder también a intereses geopolíticos o a presiones internas.
Para los afectados, la noticia llega en un momento particularmente difícil. Muchos ciudadanos de estos países ya enfrentaban barreras económicas para viajar, y ahora deberán reunir sumas considerables solo para iniciar el trámite. Organizaciones de apoyo a migrantes han advertido que la medida podría empujar a más personas a buscar rutas irregulares, aumentando los riesgos de tráfico de personas y explotación.
Mientras tanto, en Washington, la decisión ha sido recibida con división. Algunos legisladores republicanos han aplaudido la medida como un paso necesario para “proteger la soberanía” del país, mientras que demócratas y grupos proinmigrantes han exigido su revisión, argumentando que castiga a quienes buscan ingresar legalmente y no resuelve el problema de fondo. Lo cierto es que, con esta ampliación, el programa de fianzas consolida su lugar como una de las herramientas más controvertidas de la política migratoria estadounidense en los últimos años.
