El Instituto enfrenta un nuevo conflicto laboral que amenaza con paralizar sus operaciones. Trabajadores afiliados al capítulo 3000 anunciaron un cese de actividades indefinido, exigiendo garantías concretas antes de reanudar sus labores. La medida, que podría afectar servicios clave, responde a la falta de respuestas sobre dos demandas centrales: la seguridad en el pago de sus salarios y la instalación de mesas de diálogo para resolver las irregularidades en sus contrataciones.

En un comunicado difundido entre los empleados, los representantes del capítulo 3000 dejaron claro que la protesta no busca escalar la tensión, sino forzar un espacio de negociación efectivo. “No queremos un enfrentamiento, sino un diálogo asertivo que nos brinde certidumbre”, señalaron. La incertidumbre laboral, añadieron, se ha prolongado demasiado, afectando no solo sus ingresos, sino también la estabilidad de sus familias. “Exigimos soluciones prontas a este retraso en nuestras contrataciones. No podemos seguir esperando respuestas vagas o promesas incumplidas”, advirtieron.

El malestar entre los trabajadores no es nuevo. Desde hace meses, denuncian demoras en los pagos, falta de claridad en los procesos de contratación y la ausencia de mecanismos formales para canalizar sus reclamos. Aunque el Instituto ha reconocido en ocasiones anteriores la existencia de estos problemas, los avances han sido mínimos. “Hemos presentado documentos, asistido a reuniones y seguido todos los protocolos, pero al final seguimos en el mismo punto: sin respuestas concretas”, lamentó uno de los voceros del capítulo.

La situación se agrava por el contexto económico actual, donde la inflación y el alza en los precios de productos básicos han reducido el poder adquisitivo de los empleados. “No pedimos privilegios, solo lo que por derecho nos corresponde: un salario puntual y condiciones laborales dignas”, enfatizaron. Además, recordaron que su labor es esencial para el funcionamiento de la institución, por lo que cualquier interrupción en sus actividades tendría repercusiones inmediatas en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto no han emitido una postura oficial sobre el cese de actividades, aunque fuentes internas confirmaron que se han iniciado gestiones para convocar a una reunión de emergencia. Sin embargo, los trabajadores exigen que esta vez las negociaciones no se queden en promesas. “Queremos compromisos por escrito y plazos definidos. No más reuniones sin resultados”, insistieron.

El capítulo 3000, que agrupa a cientos de empleados en distintas áreas, ha dejado en claro que la medida de fuerza se mantendrá hasta que se cumplan sus demandas. Mientras tanto, la tensión crece entre el personal, que ve en esta protesta la última opción para ser escuchados. “No nos queda otra alternativa. Si no paramos, nadie nos va a tomar en serio”, concluyeron. El reloj corre, y con cada día que pasa sin avances, la posibilidad de un conflicto prolongado se vuelve más real.