Casi tres años han transcurrido desde aquel día en que su vida dio un vuelco inesperado, y aún hoy se pregunta qué motivó a la Fiscalía de Morelos a emprender una persecución judicial en su contra. Los recuerdos de ese momento permanecen vívidos en su memoria: intentó razonar con los agentes, explicarles que solo buscaba dejar a la menor en un lugar seguro, pero sus palabras cayeron en saco roto. En su lugar, recibió un ultimátum que no dejó espacio para la negociación. Sin más opciones, se rindió.

El ingreso al penal fue inmediato. Desde entonces, su existencia ha quedado suspendida entre dos realidades opuestas: la libertad, que podría recuperar si el fallo judicial le es favorable, o el encierro prolongado en Atlacholoaya, donde enfrentaría una condena de hasta 90 años. La incertidumbre es una carga diaria, pero también lo es la presunción de culpabilidad que ha marcado cada paso del proceso.

Las irregularidades en su caso son múltiples y graves. Desde violaciones al debido proceso hasta el momento mismo de su detención, cuando fue llevada al penal con la menor aún en brazos. “La subieron con todo y la niña”, denunció en su momento, una escena que, más allá de los tecnicismos legales, refleja la crudeza de un sistema que parece haberla señalado desde el principio.

El proceso judicial ha sido un laberinto de obstáculos. Cada audiencia, cada recurso interpuesto, ha estado rodeado de dudas sobre la imparcialidad de quienes deciden su futuro. Mientras tanto, el tiempo sigue su curso, y lo que comenzó como un episodio más en su vida se ha convertido en una lucha por demostrar su inocencia en un sistema que, en la práctica, parece exigirle probar lo contrario.

La espera por una sentencia definitiva se ha prolongado más de lo previsto, y cada día que pasa dentro de los muros del penal es un recordatorio de lo que está en juego. No se trata solo de su libertad, sino de su derecho a ser escuchada, a que su versión de los hechos sea considerada con la misma seriedad que las acusaciones en su contra. Hasta ahora, sin embargo, el peso de la ley parece inclinarse más hacia la condena que hacia la justicia.

Mientras tanto, fuera de los tribunales, su historia ha servido para poner en evidencia las fallas estructurales de un sistema que, en demasiadas ocasiones, prioriza la rapidez sobre la equidad. El caso ha generado preguntas incómodas: ¿hasta qué punto las instituciones están preparadas para garantizar un proceso justo? ¿Qué sucede cuando la presunción de inocencia se convierte en un mero formalismo?

Para ella, el tiempo se ha detenido. Cada mañana despierta con la esperanza de que ese día sea el último tras las rejas, pero también con el temor de que la justicia, una vez más, le dé la espalda. Mientras tanto, la menor —ahora separada de su cuidado— sigue siendo un símbolo de lo que pudo ser y no fue. La pregunta que persiste es si, al final, el sistema reconocerá su error o si, por el contrario, la condenará a pagar por un delito que, según su versión, nunca cometió.