El pasado 9 de agosto de 2023, el nombre de Carlos Angulo Aguilar, alias *Lobo Menor*, qued\u00f3 grabado en la memoria colectiva como uno de los responsables materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sin embargo, lo que pocos sab\u00edan es que, m\u00e1s de un a\u00f1o antes, el sistema judicial ya le hab\u00eda abierto las puertas a una libertad que terminar\u00eda facilitando su participaci\u00f3n en el crimen. En enero de 2022, el juez V\u00edctor Dar\u00edo Barahona, encargado de garant\u00edas penitenciarias en Latacunga, le otorg\u00f3 a Aguilar un r\u00e9gimen de prelibertad bajo condiciones que, en teor\u00eda, deb\u00edan asegurar su reinserci\u00f3n social y evitar nuevos delitos. Pero la realidad demostr\u00f3 que el mecanismo fall\u00f3 de manera estrepitosa.<\/p>\n
Seg\u00fan las reglas impuestas, Aguilar deb\u00eda presentarse semanalmente ante las autoridades, demostrar que ten\u00eda un empleo o estudiaba, permanecer en su domicilio registrado y abstenerse de consumir alcohol o drogas. Para agilizar el proceso, el juez autoriz\u00f3 que los controles se realizaran de manera virtual, bajo la supervisi\u00f3n del Servicio Nacional de Atenci\u00f3n Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). En papel, el sistema parec\u00eda funcional; en la pr\u00e1ctica, se convirti\u00f3 en un coladero. Un informe policial fechado en enero de 2026 \u2014tres a\u00f1os despu\u00e9s de la concesi\u00f3n de la prelibertad\u2014 revel\u00f3 que los seguimientos fueron, en el mejor de los casos, una farsa.<\/p>\n
Desde 2024, Aguilar habr\u00eda enviado las mismas fotograf\u00edas en distintos meses para simular su asistencia a los controles. Las im\u00e1genes, adem\u00e1s, eran de mala calidad: en algunas aparec\u00eda con el rostro cubierto, en otras con \u00e1ngulos que imped\u00edan identificar sus rasgos. En m\u00e1s de una ocasi\u00f3n, las autoridades intentaron verificar su paradero, pero los resultados fueron contundentes: el domicilio registrado en Quito no era su residencia real. A pesar de las evidentes irregularidades, el sistema no actu\u00f3 con la celeridad necesaria para corregir el rumbo.<\/p>\n
La prelibertad, concebida como una herramienta para reintegrar a los reos a la sociedad bajo supervisi\u00f3n, se transform\u00f3 en un salvoconducto para la impunidad. Aguilar, lejos de cumplir con las condiciones impuestas, aprovech\u00f3 los vac\u00edos en el control para moverse con libertad, cruzar fronteras y, finalmente, participar en uno de los cr\u00edmenes m\u00e1s impactantes de la historia reciente del pa\u00eds. El caso expone no solo las fallas en la vigilancia de los beneficiarios de este r\u00e9gimen, sino tambi\u00e9n la urgencia de reformar un sistema que, en lugar de prevenir delitos, termin\u00f3 facilit\u00e1ndolos.<\/p>\n
Lo ocurrido con *Lobo Menor* deja preguntas inc\u00f3modas: \u00bfCu\u00e1ntos m\u00e1s como \u00e9l han burlado los controles? \u00bfHasta qu\u00e9 punto la supervisi\u00f3n virtual, sin verificaciones presenciales rigurosas, es suficiente para garantizar que un exrecluso no reincida? Mientras las autoridades revisan los protocolos, la sombra de este caso sigue extendi\u00e9ndose, recordando que la justicia, cuando falla, no solo libera a un individuo, sino que pone en riesgo a toda una sociedad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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