A pesar de transferir operación a militares

A pesar de que desde la administración pasada se otorgó la operación de las 50 aduanas a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional para tener mayor y mejor control –y con ello evitar actos de corrupción y contrabando– siguen siendo un foco rojo de evasión fiscal.

Lo anterior se refleja con el aumento del monto en perjuicio del fisco derivado de los expedientes administrativos integrados por causa penal en materia de comercio exterior, como la introducción ilegal de combustibles, entre otras mercancías, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde el año 2020 el SAT había detectado que uno de cada tres litros de gasolina y diésel que se venden en el mercado nacional provenían del contrabando. También se observó una disminución del importe obtenido por fiscalización en operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión correspondiente a 2024 que publicó el SAT hace unos días, el año pasado se integraron 84 expedientes administrativos, lo que significó un daño a las arcas del gobierno federal por 7 mil 254 millones de pesos.

Es decir, un incremento si se considera que en 2023 se integraron 77 expedientes administrativos, cuyo monto en perjuicio al fisco fue de 6 mil 395 millones de pesos, frente a 2 mil 480 millones en 2022.

Los expedientes administrativos presentados ante la Administración General Jurídica del SAT para su análisis aumentaron de 57 en 2023 a 64 el año pasado.

De esos, los correspondientes a contrabando subieron de 10 a 14 documentos, y por presunción de contrabando, de 36 a 37.